Transparencia por Colombia reveló los resultados de su mapa de riesgos de corrupción sobre el proceso de reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, afectado por los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020.
En ese sentido, el informe identifica presuntas irregularidades en contratación, criterios de priorización de beneficiarios y acceso a la información pública. Sandra Martínez, funcionaria de la organización, detalló los principales hallazgos:
“Uno de esos, por ejemplo, es la falta de información sobre las decisiones que estaban tomando en la priorización del proceso de construcción: quiénes entraban a la lista, quiénes serían los primeros en ser beneficiados, cuáles eran los criterios para la asignación de esos beneficios, los costos de las casas y la publicación de los contratos y los acuerdos con los contratistas”.
Martínez señaló que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no publicaba los contratos del proceso, lo que obligó a múltiples solicitudes de información para hacerlos accesibles.
A esto se sumó la inconformidad de la comunidad raizal, que denunció decisiones tomadas en su nombre sin su participación real.
“Al no conocer la información de los contratos, también había mucha duda sobre los costos reales, sobre los criterios de la construcción de las casas, sobre los valores de los materiales, y eso generó una opacidad que para nosotros es un riesgo grande”, advirtió la funcionaria.
Los hallazgos fueron socializados con autoridades locales, nacionales y la propia comunidad, en el marco del proceso de seguimiento que la organización mantiene sobre la reconstrucción del departamento insular.
