El Gobierno Nacional expedirá este miércoles, mediante decreto, el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 por 634,9 billones de pesos, según anunció el vicepresidente José Manuel Restrepo desde la Casa de Nariño. El decreto se basará en el texto aprobado en primer debate, luego de que las plenarias del Congreso votaran versiones distintas de uno de los artículos.
Restrepo sostuvo que el proyecto “no fue hundido ni rechazado por el Congreso”. Atribuyó la situación a “un error de trámite” en un artículo en el que la Cámara y el Senado tuvieron diferencias que no alcanzaron a conciliarse. Citó el artículo 59 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, según el cual regirá el proyecto presentado por el Gobierno con las modificaciones aprobadas en primer debate.
El vicepresidente dijo que el monto y la distribución estudiados en primer debate quedaron aprobados, junto con las facultades de traslado y reorientación presupuestal.
Añadió que, tras el decreto, el Gobierno presentará al Congreso el proyecto de Ley de Rescate para ordenar las finanzas públicas. Envió además un mensaje de tranquilidad a inversionistas y tenedores de bonos.
La discrepancia entre las cámaras
El conflicto gira en torno al artículo 65, que regula las coberturas de los fondos de estabilización del ingreso fiscal y de precios de los combustibles. Las plenarias aprobaron el PGN en la madrugada del martes, último día del plazo legal.
El secretario general del Senado, Diego Alejandro González, confirmó que la plenaria aprobó ese artículo sin ninguna proposición. En un comunicado del 20 de octubre indicó que la Cámara lo aprobó con una proposición incorporada, y que el listado oficial de proposiciones del Senado no registra modificaciones a esa norma.
Según fuentes del Legislativo citadas por medios, abogados del Ministerio de Hacienda habrían incorporado al paquete una modificación que el Senado no votó. La senadora Esmeralda Hernández afirmó que el presupuesto fue “tumbado” por la falta de conciliación.
Con el decreto, el monto seguiría cerca de 634,9 billones, pero se perderían adiciones posteriores: 3 billones para salud, 100.000 millones para educación, Registraduría, Invías y Rama Judicial, 30.000 millones para la Defensoría del Pueblo y 70.000 millones para subsidios de gas GLP.